Marilles pide restringir las nuevas autorizaciones y concesiones para la ocupación de la costa de las Illes Balears

Imagen: Sebastià Torrens

La Fundación Marilles aboga por restringir nuevas autorizaciones y concesiones para uso privado en el dominio público marítimo-terrestre y permitirlas solo en casos de excepción justificada. Con esta medida, quien solicite esta ocupación de la costa de la isla tendría que demostrar, simultáneamente, que la actividad que desea llevar a cabo responde al interés general y no puede realizarse en lugares alternativos, que cumple todos los requisitos medioambientales y paisajísticos y que es compatible con los planes de gestión de espacios marinos protegidos. La propuesta se introduciría en la legislación autonómica mediante un nuevo artículo (44 bis) dentro de la nueva ley de Planificación, Protección y Gestión Integral del Litoral, actualmente en tramitación parlamentaria. 

La entidad conservacionista considera esencial limitar el uso privado de la costa para protegerla y, en este sentido, el director de Marilles, Pablo Rodríguez Ros, afirma que esta medida "evitaría la presión sobre la costa y el mar, frágiles territorios que ya sufren un grave impacto de la actividad humana". Además, explica, "esta nueva redacción rompe con la lógica de una autorización general autorizada para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, una realidad que consideramos necesario transformar". 

En total, la organización ha presentado 25 alegaciones al texto, incluyendo propuestas como prohibir la retirada definitiva de la posidonia de las playas (y autorizarla solo temporalmente, durante la temporada de baños, en playas urbanas y periurbanas). También incluye el reconocimiento de corredores de nado y esnórquel o reducir de 10 a cinco los nudos a los que las embarcaciones pueden navegar en la primera milla desde la costa.  

Limitar la velocidad de las motos acuáticas 

Las alegaciones presentadas por Marilles también incluyen cambios en la normativa relativa a las motos acuáticas, como la prohibición de su navegación en espacios marinos protegidos, corredores de baño o en los primeros 300 metros desde la costa en el caso de playas y calas. Además, deberían incorporar un dispositivo que limite su velocidad para evitar que superen los cinco nudos en la primera milla desde la costa. 

Proteger la Ley de la Reserva de la Biosfera de Menorca  

El documento presentado por la Fundación también incluye la solicitud de no derogar dos artículos, 20 y 21, de la Ley de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Si fuera derogados, ya no sería obligatorio consultar al Consell Insular de Menorca al delimitar el dominio público marítimo-terrestre ni al conceder licencias y concesiones para uso en la costa de la isla. Marilles considera que esto implica eliminar la única vía formal de participación previa de la institución insular en este tipo de procedimiento, un hecho que va en sentido contrario a la cogobernanza.